Luches en Trubia

julio 22, 2009

El ejemplo de los Servidores Públicos. ¿hechos aislados o se pringa el 90% de nuestros representantes?

Dice el Presidente de Cantabria (el donador de anchoas) que no conoce a el Senador Luís Bárcenas (el mega-tesorero del PP) por Cantabria y el Presidente de Extremadura (currito del Ibarrísimo) que solo acepta un botecito de “Pimentón de la Vera” y que “le llena de orgullo y satisfacción” (palabras textuales en la SER, ¿verá Vara a Juanito el Prudente los días de nochebuena?)  entrevistados por el asunto de los “trapitos de diseño” del Presidente Camps.

Parece que a nuestros políticos les entra más la prioridad de “salvar sus muebles” que preocuparse de los verdaderos problemas de este pais al que llaman España.

El caso es que según el diario Público, y fuera de regalitos de chichinabo, se demuestra que comen y viven a años luz de los currantes ochocientoseuristas y se están poniendo más gordos que Idi Amin después de tragarse 5 bebes y el 60% de los diputados españoles tiene sobrepeso o sufre obesidad y eso que pueden elegir entre rodaballos y percebes (joder como van aguantando la CRISIS) y no tener que comer bocadillos de patatas o de, solamente, mahonesa como a muchos no les queda otro remedio.

Aunque si quieren comenzar a dar ejemplo (y sobrándoles guita para seguir engordando) podrían hacer caso de una carta que ha recuperado mi Amiga Beatriz y que firma D. Pedro Fernández Liria sobre nuestros sistemas de Educación y Salud públicas.

Lean la propuestra:

       Existe una medida muy barata que haría mejorar de forma sorprendente y en poco tiempo nuestros sistemas de Educación y Salud públicas. Una iniciativa legal que, en un plazo muy reducido de tiempo, solucionaría la mayoría de los problemas que padece la enseñanza y la atención sanitaria pública de nuestro país.

       Se trata de algo tan razonable y elemental como obligar legalmente a los responsables del funcionamiento de los servicios públicos a utilizar los servicios que tienen a su cargo. ¿No es razonable que los cargos públicos de las distintas administraciones en cuyas manos hemos puesto los ciudadanos el cuidado de la atención sanitaria y de la educación lleven a sus hijos a un colegio público y a un médico del sistema de salud público? ¿O es que los servicios que han de ser buenos para el conjunto de la ciudadanía no son suficientemente buenos para los responsables de los mismos y para sus hijos?

       Pueden estar seguros de que si diputados, senadores, presidentes de las distintas comunidades autónomas, consejeros, alcaldes y concejales, tuvieran que llevar por imperativo legal a sus hijos al colegio público que les correspondiera por cercanía y tuvieran que hacer uso, cuando lo necesitaran, del centro de salud público de su distrito, la calidad de estos servicios mejoraría como por arte de magia en muy poco tiempo.

       ¿No es lógico que los altos cargos de las administraciones autonómicas que se felicitan legislatura tras legislatura del buen funcionamiento de la Educación y de la Sanidad públicas demostraran la sinceridad de sus palabras haciendo uso de los servicios públicos en lugar de huir —en silencio y de puntillas— a asociaciones médicas y centros de enseñanza privados con el fin de eludir las deficiencias del sistema que tienen a su cargo?

       Los ciudadanos aceptamos que cobren un sueldo que les permita tener dos automóviles de gama alta, un piso de cien metros cuadrados y un chalet en la costa y en la sierra, pero no podemos dejar de ver mal que su sueldo sirva para que se puedan pagar un colegio sin inmigrantes —¡por favor!—, en el que el profesor no tenga que dejarse la vida para conseguir las mínimas condiciones de trabajo en el aula o para pagarse una atención médica sin esperas, en la que, tras una intervención quirúrgica, no te metan en una habitación con cuatro camas o te dejen en el pasillo. Eso, en cambio, nos parece muy mal, porque es precisamente de ellos de quienes depende el sistema público que nos sirven a los demás, a los que no tenemos su sueldo, como el mejor sistema al que podemos aspirar.

       Estoy seguro de que la medida de regular legalmente el uso de los servicios públicos por los cargos públicos sería muy bien acogida por la inmensa mayoría de los ciudadanos y serviría para mejorar la deficiente imagen que éstos tienen de sus representantes políticos y de las instituciones que les gobiernan. Y apoyaré con todas mis fuerzas a cualquiera con más capacidad que yo que se anime a promover esta iniciativa de honradez y dignidad política.

 (Carta de un profesor de enseñanza secundaria de Madrid, D. Pedro Fernández Liria, a la sección “Cartas de los Lectores” del diario Público, el día 22/05/2008)

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